Tic…toc ¡apúrese corte! – Esteban Torres

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La Corte Constitucional no podrá tomarse el tiempo que quiera para resolver las enmiendas constitucionales propuestas por la mayoría gobiernista de la Asamblea Nacional.

 

A diferencia de lo que sucede con sus sentencias en casos comunes (destinadas al reposo flemático en anaqueles burocráticos), aquí no hay posibilidades de relajación judicial. La estrategia gubernamental sobre la reelección indefinida que permita la candidatura del presidente en el 2017 pende de esa decisión y, además, de contados meses.

 

Existen “tiempos” constitucionales. En primer lugar, el artículo 117 de la Constitución (CP) prohíbe que se realicen reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. Prohibición reproducida, además, en el Código de la Democracia (Art. 7).

 

Consecuentemente, el establecimiento de la reelección indefinida en el Ecuador que implicaría la reforma no sólo de la CP (Art. 114) sino también del mencionado código (por si algún vivo piense que reformar la constitución es una reforma “constitucional” y no una legal) deberá hacerse hasta antes de febrero del 2016.

 

Ese calendario lo intuyo basado en el último proceso electoral presidencial de febrero del 2013 y en la obligación de posesionar al presidente el 24 de mayo del año electoral (Art. 120 CP). El mismo también tendrá que prever una fecha para la segunda vuelta.

 

En segundo lugar, el artículo 441 de la CP establece la tramitación de un proyecto (como el que se ha presentado) en dos debates legislativos, con la condición de que el segundo debate se realice de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. Así, el primer debate debería llevarse a cabo hasta enero del 2015 para que el segundo se realice en enero o febrero del 2016.

 

Está claro entonces que la Corte no tiene tiempo de sobra. Sin embargo, está más claro aún, el camino que tomará. Obsecuente como ya ha sido con la posición gubernamental en las demandas de inconstitucionalidad planteadas contra la Ley de Comunicación y en su ligera vida institucional, raro sería pensar que hoy se oponga a tan poderoso pedido. ¿Alguien quiere apostar?

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