El COIP y el 30S – Esteban Torres

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COIP

Como saben, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) está vigente desde el 10 de agosto del 2014.

Hablamos mucho sobre él durante su tratamiento en la Asamblea Nacional (criticamos lo malo y aplaudimos lo bueno) pero hoy no hay vuelta atrás: es la norma que ha reemplazado al viejo Código Penal (CP) y al Código de Procedimiento Penal (CPP).

Eso implica, no sólo un conocimiento de los lineamientos básicos por parte de los ciudadanos, sino uno más avanzado de quienes operan en la justicia penal (abogados, jueces y fiscales). Sin embargo, esto no está sucediendo en varios casos. A continuación relataré uno donde se ha procesado a un policía inocente por hechos sucedidos el 30S.

Así usted no sea abogado, lo que ha sucedido le parecerá ilógico e injusto. Empecemos.

Bajo el antiguo CP y CPP un policía fue investigado por el supuesto delito de “Sedición”(1) por una marcha que se dio el 30S en una ciudad ajena a la capital donde no sucedió nada relevante a diferencia de lo sucedido en Quito. Bajo ese delito, el policía preparó su defensa, aportó documentos y rindió su versión durante la etapa de Indagación Previa y de Instrucción Fiscal.

Durante esta última etapa entró en vigencia el COIP y cambió la conducta sancionada como “Sedición”(2). El COIP estableció que cualquiera de las conductas penadas por ese delito ahora debían cometerse “empleando armas”. Así, la conducta punible por la cual fue investigado el policía desapareció del COIP.

Luego vino la audiencia en la cual el Fiscal debía formular su dictamen (acusatorio o abstentivo). La misma se suspendió dos veces y se completó en tres días en diferentes semanas. El primer día de audiencia el Fiscal mencionó que su acusación se basaría en el ex delito de “Sedición”, sin embargo, en el tercero acusó por el supuesto delito de “Sabotaje”(3) establecido en el viejo CP. ¡Varió su acusación en la misma audiencia!

Acusó por un delito que el COIP ya había dividido en dos: el nuevo “Sabotaje”(4) y el de “Paralización de un Servicio Público”(5). Agregó que su dictamen se refería a una sola conducta reconocida en el delito de “paralización” y coronó su chascarrillo judicial con el premio otorgado por un apresurado juez: el auto de llamamiento a juicio. Mientras tanto, un inocente ahora está enjuiciado como muchos otros en nuestro país.

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